En el complejo entramado de la administración pública, la coordinación interinstitucional suele ser el factor determinante entre el estancamiento burocrático y el beneficio social tangible. Lo que actualmente se observa en Bahía de Banderas, Nayarit, bajo la gestión del alcalde Héctor Santana, es un ejercicio de gobernanza que merece ser analizado por su eficacia y pragmatismo.
Lejos de la estridencia política, el gobierno municipal ha consolidado una alianza estratégica con el Gobierno Federal, específicamente a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus). Esta colaboración no se ha quedado en el terreno de las buenas intenciones; se ha estructurado mediante una ruta técnica, jurídica y operativa diseñada rigurosamente para resolver un problema histórico: la irregularidad en la tenencia de la tierra.
Los datos de la reciente reunión de trabajo son metodológicamente sólidos. La revisión exhaustiva de aproximadamente 48 polígonos con viabilidad urbana demuestra que el proceso está en marcha. No se trata de un anuncio superficial, sino de un avance sustentado en la integración de expedientes, análisis cartográficos y validaciones técnicas estrictas. Cada uno de estos pasos está orientado a un fin único: agilizar la escrituración y brindar certeza jurídica a las familias de la región.
El correcto desarrollo territorial no se logra de manera aislada. El decidido apoyo de la federación hacia la administración de Héctor Santana confirma que, cuando coinciden la voluntad política local y el respaldo institucional federal, las soluciones de fondo son posibles.
Es un avance institucional de alta relevancia. La regularización de asentamientos en Bahía de Banderas no solo ordena el territorio, sino que consolida el patrimonio de quienes menos tienen. Un trabajo serio que, sin duda, sentará un precedente positivo en el estado de Nayarit
